Por Daniel E. Di Bártolo (*)
Cuando faltan apenas quince días para el 5 de marzo, la fecha indicada como el inicio formal de las clases, ni el Gobierno Nacional, ni los Gobiernos de las Provincias y CABA, como así tampoco los propietarios de escuelas privadas, están dando ningún tipo de señal que demuestre su voluntad política de resolver la problemática salarial de los maestros y profesores de las distintas ramas y niveles de la enseñanza.
El salario docente no es un problema nuevo en la Argentina; sin embargo, las últimas decisiones impactan de lleno en su conformación y, tomemos nota, será peor con el paso de los años.
En principio, el Gobierno Nacional dio por “inexistente” la herramienta con la cual en la última década (2006/2016) los docentes – incluidos los privados – acordamos el piso salarial de la docencia argentina y los criterios para la conformación de haberes; se trata de la PARITARIA NACIONAL DOCENTE, creada en el marco de la ley de financiamiento educativo N° 26.075 , y su Decreto Reglamentario 457.
En su lugar, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 52/18 a través del cual dice “ordenar” la relación con los sindicatos docentes. En el mismo excluye la materia salarial. En sus argumentaciones, el Gobierno sostiene que “la Paritaria nunca existió”, “que no se puede derogar lo que no existía”. De este modo, el Decreto 52, dispone una Mesa de Negociación del Convenio Marco para tratar otras materias que no sean el salario.
Tal como sucede en otros órdenes, mientras la tensión entre paritaria si / paritaria no, aumenta, la situación salarial de los trabajadores de la educación no es tenida en cuenta como una condición necesaria para sostener la política pública que todo país requiere para su desarrollo integral e independiente.
Queremos decirle al lector – vinculado o no con las comunidades educativas – que la paritaria SI existió, incluso un año durante el actual Gobierno Nacional (2016), que tiene en su haber un largo y rico proceso de discusión entre el Estado empleador y los sindicatos docentes, que todo ello se encuentra documentado no solo en el expediente labrado en el Ministerio de Trabajo de la Nación sino en la tinta, los videos, los audios de los medios de comunicación que siguieron año tras año este proceso de negociación, que la Paritaria tuvo efectos concretos y directos sobre los trabajadores de la educación, sean esto estatales o privados; que dichos efectos fueron de orden salarial y otros vinculados a las condiciones de trabajo.
Entre los efectos merece destacarse el Programa Nuestra Escuela, surgido de un Acuerdo Paritario suscripto el 29/10/2013 que promovió una política de formación docente continúa situada, universal, gratuita y en servicio. Miles de docentes fueron capacitados a través de Nuestra Escuela, las organizaciones sindicales participamos en forma directa en la selección de criterios y evaluación y hubo financiamiento específico para tales fines.
El proceso de negociación colectiva articulada, generó que las jurisdicciones fueran creando sus ámbitos de discusión para encarar la conformación del salario, sus componentes, las escalas y, por supuesto, los aumentos que percibían los trabajadores. La Paritaria Nacional operó como marco general y como piso salarial en la negociación que luego avanzaba en las jurisdicciones y en CABA. Con diversidad de modalidades, las provincias ensayaron distintas formas de encarar este proceso que objetivamente, funcionó durante 10 (diez) años.
En materia salarial la Paritaria Nacional no solo definía el piso debajo del cual no podía estar ningún docente en la Argentina, sino que acordó criterios para componentes salariales como lo son el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y Fondo de Compensación Salarial como ayuda para aquellas provincias que no llegaban al piso.
Los docentes privados, además de participar en el debate general en tanto y en cuento nuestros salarios son como mínimo los que perciben los docentes estatales, logramos un ámbito propio: la CONEP (Comisión Negociadora de la Enseñanza Privada) con el objetivo de receptar y adecuar los acuerdos generales al ámbito particular de la enseñanza privada. Dicha comisión fue creada en articulación en el otro espacio propio: el Consejo Gremial de Enseñanza Privada.
En dicho Consejo se tratan también los salarios de los docentes denominados extra- programáticos y de academias. Ambas espacios, uno por la ley y el otro por las partes que lo componen, están vigentes y deberán ser convocados a la brevedad.
La destrucción de este sistema que contempló formas específicas de negociación colectiva para los trabajadores de un sistema educativo nacional con fuentes de financiamiento y funcionamientos diversos, es un hecho grave del que deberían tomas nota en principios los integrantes de la comunidad educativa, los actores sociales, los legisladores oficialistas y opositores y la sociedad en general. El ya alicaído salario docente ha sufrido un golpe al corazón.
El primer efecto es la profundización de la dispersión y fragmentación de los sueldos que perciben maestros y profesores. 24 (veinticuatro) salarios básicos, 24 (veinticuatro) escalas, 24 (veinticuatro) composiciones del salario inicial, en fin, se trata de la imposibilidad objetiva de responder la pregunta: ¿cuánto gana un docente hoy en la Argentina? Un país que se precie de tal ¿debe admitir la inexistencia de una regulación nacional para – nada más y nada menos – que el sueldo de sus docentes?[1]
Rarezas y desenlaces cuando nuestro país busca reflejarse en el sistema educativo de Finlandia que ubicó a los docentes en el centro de sus preocupaciones y promovió para tal fin la categoría de “justicia educativa” que supone, entre otros factores, el crecimiento del salario docente.
El segundo efecto es el deterioro y la pérdida del poder adquisitivo del sueldo docente. Los secretarios generales de las seccionales de SADOP informaron hace pocos días que la negociación en sus lugares estaba demorada y que, no superaba el 15% las versiones de las supuestas ofertas de los gobiernos. Cualquier medición de la inflación sumada a los aumentos tarifarios da cuenta a las luces que el salario docente está condenado a perder valor.[2]
Los docentes privados padecemos además los problemas específicos de nuestra relación laboral de empleo privado en un clima epocal marcado por la destrucción del trabajo y la condena mediática a las organizaciones sindicales que defienden justamente el derecho al trabajo digno y al salario justo. Los dueños de las escuelas privadas, sobre todo aquellas que esgrimen determinados valores en sus idearios, debería dar un mensaje claro y cercano hacia sus trabajadores.
Cuando la estrella de la calidad educativa es promovida como la clave para crecer como sociedad, resulta contradictorio que la mirada sobre el salario de los docentes sea expuesta a este fracaso anunciado de achicamiento, deterioro y segmentación.
En los próximos días se hablará de porcentajes, de montos, de cláusulas, de tramos…Sepa el lector que esos sueldos en cuestión son aquellos que perciben las maestras y profesores que tienen la enorme y sagrada tarea de educar a los pibes y las pibas de nuestro país.
La lucha por la dignidad docente, por el salario justo, por las condiciones y medio ambiente de trabajo, hacen a la misma naturaleza de los objetivos y la función sindical. Nuestro compromiso como SADOP es representar al conjunto de los trabajadores de los colegios privados y luchas por ellos y sus familias.
Al contrario de lo que sostiene el actual Ministro, para nosotros esa es una función política. Aprendimos el alcance de esta palabra en nuestra formación académica y la enriquecimos en nuestra militancia social iluminados por la Enseñanza Social de la Iglesia que la define como “la construcción del bien común”.
Ahí estuvimos, estamos y estaremos.
(*) El autor es Secretario de Educación SADOP Nación